En el curso de los últimos años diversas compañías han firmado contratos con empresas controladas por el gobierno de Cuba para regular las condiciones según las cuales establecen inversiones en la Isla. Los contratos de co-inversión o "joint venture" regulan la forma en que se reparten los beneficios los contratantes, pero paralelamente existe otro contrato celebrado con una empresa del estado cubano que suministra los trabajadores. La estructura de esos contratos de inversión, talque son nulos de origen por basarse en una causa ilícita, a saber: defraudar al trabajador cubano de la mayor parte del salario convenido.

El trabajador cubano es relegado a la triste situación de mercancía u objeto comercio al por mayor. La ley cubana exige que la contratación de la mano de obra se efectúe a través de una empresa del gobierno de Castro y que se pague a esa empresa el salario convenido en moneda convertible. Dicho salario no se entrega al trabajador que presta el servicio. El gobierno cubano entrega al trabajador una cantidad en moneda nacional, que representa el mísero salario pagado usualmente en Cuba y cobra en dólares al inversionista extranjero una cantidad muy superior que retiene para sí . Supongamos, en aras de presentar un ejemplo sencillo, que un trabajador cubano percibe 400 pesos cubanos mensuales por sus servicios, y que el gobierno de Castro cobra al inversionista extranjero 400 dólares al mes. Si tomamos una tasa de cambio de pesos a dólares de 20 a 1 (bastante aproximada a la realidad) veremos que el trabajador cubano sólo cobra el 5% de lo que percibe el gobierno de Castro que cobra 400 dólares (8000 pesos) al inversionista extranjero. La realidad es peor, puesto que el sueldo promedio en Cuba es de unos 250 pesos mensuales y los sueldos cobrados a los extranjeros mayores que el ejemplo puesto.

Para colmo el Art. 39 de la Ley de Inversión Extranjera establece un impuesto del 11% por la "utilización de la fuerza de trabajo' confirmando así en forma impúdica que Castro y su entorno consideran al trabajador cubano como una mercancía que les pertenece y venden a su gusto.

La entidad que contrata la mano de obra es una compañía cuyo objeto social es ilícito. Es una simulación. Ha sido creada sólo para perjudicar a un tercero, el trabajador cubano. Los contratos en que no se remunere directamente al trabajador son nulos. Varios convenios internacionales del trabajo de los que Cuba es signataria prohiben específicamente este tipo de contratación. El verdadero contrato de trabajo existe entre la Compañía extranjera y el trabajador cubano aunque se pretenda encubrirlo interponiendo una empresa que carece de capacidad de gestión, lo que hace obvia la simulación. Se trata de un intermediario inútil impuesto a la relación laboral.

A pesar del intento de simulación, la realidad cotidiana se impone. Diversos actos jurídicos de los inversionistas respecto a los trabajadores avalan la existencia una relación laboral. Un principio general del derecho laboral establece que los contratos siempre deben ser interpretados en la forma que sea mas beneficiosa al trabajador.

El contrato de co-inversión entre el inversionista extranjero y el gobierno de Castro es también nulo. Existe solamente para facilitar una situación de explotación laboral que aumente las utilidades y adolece del mismo vicio.

El inversionista extranjero conoce perfectamente el sistema y lo acepta porque contrata mano de obra a precios sustancialmente más bajos que los del mercado internacional y además, cuenta con una fuerza de trabajo sumisa que carece de derechos de sindicación y de representación efectiva.

La codicia se nutre además de un análisis despiadadamente frío de los beneficios. Se espera que la inversión se pague rápidamente y que se remitan en corto plazo utilidades que equivalgan al 100% de la misma eliminando así el riesgo de capital. Otro método usual es el de mantener en el exterior una parte de los beneficios utilizando diversos métodos que son de sobra conocidos.

Además, los inversionistas esperan ser protegidos y mantenidos en su situación pues calculan que los actos del gobierno de Castro tendrán que ser aceptados como legítimos por el gobierno que lo suceda. Los Tratados de inversión existentes entre Cuba y los países de origen de los inversionistas serían sin duda aducidos como prueba de la "buena fe" de los inversionistas que reclamarían ser un tercero perjudicado por cualquier acción tendiente a remediar las injusticias cometidas. Como algunos han recibido un seguro de inversión de las entidades que se dedican a este giro en sus respectivos países (usualmente son entidades de gobierno) intentarían cobrar sus seguros y calculan que la entidad aseguradora en caso de pago se subrogaría en su lugar y grado apremiando así al gobierno que suceda a Castro.

La validez de la teoría sobre la responsabilidad de un gobierno que suceda a Castro por los actos antijurídicos de ese gobierno es muy cuestionable pues se trata de una dictadura totalitaria que no representa a la nación sino a sus intereses particulares.

Sin embargo, el objeto de este ensayo no es analizar esa cuestión sino otra más enfocada, a saber, la validez de los contratos entre las partes contratantes haciendo abstracción de lo que se alegue sobre las supuestas obligaciones o responsabilidad del estado cubano. Por cierto dicha responsabilidad sería inexistente por tratarse de contratos nulos, hecho que eximiría también de responsabilidad al asegurador.

La jurisprudencia y legislación civil de la que Cuba es heredera siempre han reputado como nulos los contratos que tienen una causa ilícita, tradición que se remonta al derecho romano y las leyes de partidas del Rey Alfonso el Sabio de España hace más de 2000 años y 800 años respectivamente.

La consecuencia usual de la nulidad civil es la devolución mutua de las prestaciones, o la devolución en efectivo si la prestación no puede devolverse como es el caso del trabajo realizado.

En este caso la nulidad, sin embargo, es de origen penal. Desde un punto de vista penal puede calificarse una figura delictiva consistente en que la empresa cubana que contrata y retiene el salario y el inversionista extranjero son coautores del delito de robo. Se trata de robo porque existe fuerza y violencia en las personas, a saber: la que se aplica al trabajador por los órganos de seguridad del Estado para obtener su conformidad y silencio.

La nulidad que resulta de la comisión de un delito conlleva el que no se puedan reclamar entre sí los contratantes culpables, (el gobierno de Castro y/o sus empresas y el inversionista extranjero) y que el objeto del delito sea decomisado y sujeto a las reclamaciones que puedan entablar los perjudicados.

El perjudicado no culpable es el trabajador cubano ( salvo complicidad) con quien "de facto" el inversionista extranjero ha celebrado un contrato de trabajo en condiciones leoninas, aprovechando su desamparo y falta de alternativas. Este trabajador conserva su acción civil para reclamar daños y perjuicios, a quien lo empleó en condiciones abusivas, y puede reclamar sus haberes atrasados más intereses, y no al precio por el trabajo pactado entre los coautores del delito, sino al precio del mercado internacional para el tipo de servicios prestados.

La nación cubana (que no es el gobierno de Castro) es también parte afectada pues el sistema descrito contribuyó a perpetuar una tiranía e instituyó un sistema de trabajo que somete a sus ciudadanos a una situación laboral degradante y abusiva y porque se le restan al país los ingresos que justamente debían percibir sus ciudadanos .

La jurisdicción principal (sin perjuicio de otras posibles ) será la cubana, lugar donde se firmaron los contratos.

La ley # 77 de 5 septiembre de 1995 regula la inversión extranjera. El artículo 33 cuyas partes pertinentes transcribimos a continuación establece el sistema descrito con anterioridad.

34.2 "Cuando las empresas mixtas o las empresas de capital totalmente extranjero, consideren que un determinado trabajador no satisface sus exigencias en el trabajo puede solicitar a la entidad empleadora que lo sustituya por otro. Cualquier reclamación laboral se resuelve en la entidad empleadora, la que paga a su costa al trabajador las indemnizaciones a que tuviere derecho, fijadas por las autoridades competentes; en los casos procedentes, la empresa mixta o la empresa de capital totalmente extranjero, resarce a la entidad empleadora por los pagos, de conformidad con el procedimiento que se establezca y todo debe ajustarse a la legislación vigente."

No hay duda. Existe una empresa interpuesta y los pagos al trabajador cubano se hacen con moneda nacional que se obtiene del cambio de divisas convertibles. Los despidos se tramitan a través de un intermediario que paga los gastos por indemnización. Sólo excepcionalmente se prevé el pago de indemnizaciones directas por la empresa extranjera.

Pero hay más. El sistema discrimina a los cubanos. En los incisos 33.1 y 33.3 se establece que los miembros de los órganos de dirección y administración de la empresa de capital totalmente extranjero o de capital mixto son designados por ésta y "se vincularán laboralmente a la empresa" mixta o en su caso a la empresa de capital totalmente extranjero. Obviamente los gerentes no van a trabajar por pesos sin valor y se les permite contratar libre y directamente.

¡Así pues, un régimen que dice defender la soberanía nacional y a los trabajadores los relega a ciudadanos de segunda categoría, da preferencia a los extranjeros y hasta se preocupa de que normalmente la empresa extranjera no sufra el costo de las indemnizaciones!

En cierta forma el Estado cubano se responsabiliza de la calidad de las personas que envía a trabajar, práctica inusitada que obedece a una razón: intimidar y controlar aún más la fuerza de trabajo que una vez mas es tratada como mercancía. Una relación de trabajo directa con un inversionista extranjero que pueda contratar libremente trabajadores afiliados a un sindicato también libre sería terriblemente peligrosa para un régimen totalitario. Crearía centros de poder independientes y una medida de libertad y eso no lo puede tolerar el gobierno castrita porque la libertad es contagiosa.

Como apuntamos en el sumario, la vinculación laboral directa con la empresa extranjera no puede negarse a pesar de lo que intenta establecer la Ley de Inversión Extranjera que vuelve sobre sus pasos y la autoriza en ocasiones como se observa en el texto del artículo 32.1 que citamos:

32.2 " Las contribuciones al fondo de estimulación económica se hacen a partir de las utilidades obtenidas. La cuantía de esos aportes es acordada por las empresas mixtas, los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales partes en contratos de asociación económica internacional, y por las empresas de capital totalmente extranjero con el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica."

Este sistema de remuneración directa vicia el intento de encubrimiento pues no se entiende que puedan darse remuneraciones adicionales a quienes no son trabajadores de la empresa. Si fuéramos a aplicar lo que en derecho se conoce como la doctrina del levantamiento del velo, no habría mayor dificultad en demostrar que esta "empresa empleadora" no es sino un subterfugio. El esquema de encubrimiento es burdo. Presuntamente este guiso antijurídico se hace para tener en su momento un modo de premiar a los miembros fieles del partido y la "nomenklatura" que laboran en cargos medios y altos de las empresas mixtas o para arrojar un "hueso" a los trabajadores si la situación lo requiriese.

Aparentemente, el "hombre nuevo" no lo es tanto. Aspira a tener su parte y la quiere ya. Otra vez la "codicia burguesa", haciendo de las suyas. ¡Que dirían Marx y Lenin!

Para completar el cuadro de explotación inescrupulosa, las horas de trabajo para la industria turística se extendieron a 64 horas a la semana para las labores corrientes y a 72 para ciertos tipos de trabajos. Los trabajadores también deben donar "espontáneamente" una buena parte de sus propinas para sostener al Estado.

En fin, a solicitud de los inversionistas hoteleros la resolución del 5 de septiembre de 1990 del CETSS (Comité Estatal del Trabajo y la Seguridad Social) les concedió amplias facultades para suspender, transferir o despedir al empleado que no sea satisfactorio. La medida debe ser confirmada por una "comisión" presidida por el gerente de la empresa, siempre un extranjero. Si existiesen dudas acerca de entre quienes existe la verdadera relación laboral, estas disposiciones aclaran el asunto.

Hemos hablado del perjuicio causado a los obreros y explicado como se efectúa. Pero es notable, que se lleva a cabo en flagrante violación de convenios internacionales sobre el trabajo, ratificados por Cuba.

El convenio # 95 de la Organización Internacional del Trabajo de 8 de junio de 1949 se refiere a la protección que debe ser acordada al salario del trabajador. Fue ratificado por Cuba el 24 de septiembre de 1959.

Su artículo 9 dice textualmente: "Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de conservar un empleo."

Tal parece escrito para la situación actual de Cuba. Existe un intermediario impuesto que el trabajador tolera porque es la única forma de obtener y/o conservar un empleo. Se trata de aceptar la explotación o conformarse con la miseria.

El Artículo 6 del Convenio refuerza el concepto cuando expresa: "se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario." ¡Que peor limitación que imponer un salario abusivo!

Sigamos. El convenio #111 de 4 de junio de 1958, ratificado por Cuba el 15 de septiembre de 1960 prohibe la discriminación en materia de empleo. Su artículo #1 establece que el término discriminación comprende: "cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación."

Sabemos que los miembros de los órganos de administración de la empresa pueden contratar directamente con ella sin pasar por la empresa cubana de "contratación." No existen miembros en esos cargos que no sean extranjeros o si son cubanos. que no comulguen con las ideas políticas del régimen o pertenezcan al partido Claramente se discrimina por motivos de ascendencia nacional u opinión política. Es de notar que la OIT ya ha formulado observaciones a Cuba sobre la aplicación de este convenio toda vez que se conceden preferencias laborales a los "cuadros" del partido, observaciones que son contestadas con densos memorándums destinados a ganar tiempo mientras las prácticas prohibidas continúan.

El convenio #87, se refiere a la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Data de 1948 y fue ratificado por Cuba en 1952. Uno de los derechos esenciales que consagra es el de libertad de sindicación. El artículo 3 que lo establece declara:

3.1 Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

3.2 Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

La OIT ha formulado a Cuba observaciones por infringir este precepto, haciendo referencia específica a la "injerencia del Partido Comunista de Cuba en la elección de dirigentes sindicales."

Otras observaciones que se han formulado a Cuba tienen que ver con infracciones de diversos convenios, como por ejemplo: el de prohibición de trabajo forzoso (convenio #105 de 1957 ratificado por Cuba en 1958 y convenio #29 de 1930 ratificado en 1953); convenio sobre la política de empleo; (#122 de 1964, ratificado por Cuba en 1971); y el convenio sobre las vacaciones pagadas, que increíblemente Cuba también infringe (#52 de 1936, ratificado por Cuba en 1953).

Se trata pues de una situación en que derechos básicos de los trabajadores son desconocidos por Cuba, lo cual es de conocimiento público por figurar en los registros internacionales de documentos, abiertos a todos. No cabe, por tanto, alegar ignorancia. El inversionista extranjero contrata con un régimen tiránico y es su cómplice en la explotación de los trabajadores.

Resulta clara la intención de aprovechar dicha situación en beneficio propio. Como agravante se da el caso de que estos convenios se han ratificado por Cuba hace muchos años, (en algunos casos más de 60 años) lo cual prueba la vocación laborista del trabajador cubano, que no ignora sus derechos, sólo los ve reprimidos. La prensa disidente de Cuba ha formulado denuncias sobre la infracción de convenios, en particular el #95, denuncias que han sido recogidas por la prensa internacional, y el Internet. De modo que el inversionista tiene a su disposición no solo archivos públicos sino también información ampliamente diseminada.

Dado lo expuesto resulta que no cabe duda sobre la ilicitud de la causa. Se trata de obtener una prestación laboral contra todas las normas internacionales existentes. El motivo es transparente: obtener jugosos beneficios basados en el pago de un salario inferior aún después de incluir en el cálculo la cantidad que se abona a la empresa del Estado.

Las inversiones más importantes están en la industria turística y en las industrias agrícola y extractiva. Las precarias condiciones de Cuba son causa de que los turistas sólo puedan ser atraídos con precios de ganga, a pesar de lo cual pocos repiten su visita. En el caso de las industrias agrícola y extractiva, también se requiere precio para competir en el mercado mundial. En ambos casos este buen precio se carga sobre las espaldas del trabajador cubano que lo hace posible con su trabajo irrisoriamente remunerado.

El gobierno cubano se presta a esta maniobra con una condición: participar en el despojo. La participación consiste en una parte de las ganancias del negocio. Tomar con violencia la propiedad de otro, se define como delito de robo por todas las legislaciones penales del mundo. Existe violencia porque el sistema intimida y encarcela a todo el que se atreva a protestar del estado de cosas imperante y pretenda organizar un sindicato independiente. Los sindicatos no lo son y según apunta la OIT sus dirigentes dependen del partido comunista que impone a sus candidatos.

La asociación para privar a un tercero de su propiedad y enriquecerse injustamente es lo que configura el delito y la nulidad contractual. El ordenamiento jurídico de todos los países regula la nulidad contractual en términos parecidos. Se castiga este abuso del derecho no reconociendo efectos al acto jurídico. A los efectos legales el contrato nulo nunca existió, y como no existió su defecto no puede ser curado por el transcurso del tiempo, ni el contrato puede ser confirmado.

El Código Civil español de 1889 que rigió en Cuba casi 100 años hasta ser sustituido por el actual (cuya legalidad no es aceptable pero quieras que no acepta los mismos conceptos) regulaba el caso en su artículo 1275. Decía así: "los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o la moral."

Más adelante declara en su artículo 1305: "Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precios que hubieren sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el código penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta"

Las consecuencias jurídicas previstas por todos los códigos penales, (incluyendo los comunistas) no son otras que el decomiso de los activos objeto del delito, y de las ganancias obtenidas cualesquiera sean las transformaciones que hubieren podido experimentar, y su venta; aplicándose el producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado.

Esas responsabilidades serían los haberes atrasados que se deben al trabajador cubano más intereses, amén de los perjuicios que pueda estimar el tribunal y/o las multas correspondientes.

El artículo 1305 continúa diciendo. "Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero, el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado y no estará obligado a cumplir lo que hubiere prometido."

Quiere decir, que el contrato de inversión es nulo. El inversionista, el Estado cubano y/o la empresa diseñada por el Estado Cubano para crear una simulación, no tienen acción para reclamarse entre sí. La parte que sí conserva acciones es el trabajador pues es parte no culpable Aunque el contrato de empleo con el trabajador cubano (que se intenta encubrir con la empresa interpuesta) es también nulo, la parte no culpable tiene derecho a reclamar lo que entregó, es decir, su trabajo al precio justo.

Una Cuba democrática y respetuosa de los derechos de propiedad y de sus compromisos, jamás confiscaría arbitrariamente à la Castro, pero tampoco podría convalidar pasivamente el despojo de que ha sido víctima la fuerza de trabajo y la nación cubana. Aceptarlo sería no hacer justicia, sino todo lo contrario. En efecto, conllevaría:

1. Hacer caso omiso de que se cometió un delito público y notorio.
2. Premiar a los inversionistas sin escrúpulos, y concederles una ventaja en el tiempo y el monto de la inversión en detrimento de los que quieran invertir en una futura Cuba democrática.

Los inversionistas actuales han entrado pagando precios bajos por los activos que han comprado; otra de las ventajas de su complicidad. Tampoco, han pagado los salarios de mercado que tendrían que pagar los nuevos inversionistas. Mantener esos costos sería darles una ventaja competitiva basada en la injusticia. No se puede pretender que la ley internacional se desconozca y se deje de aplicar selectivamente para premiar a los más voraces.

Hay precedentes en abundancia que justifican una actuación severa. La legislación penal de muchos países contiene delitos contra los derechos de los trabajadores, que los inversionistas conocen de sobra. Por ejemplo: Las mayores inversiones en Cuba las han efectuado inversionistas españoles. El Código Penal Español de 1995 sanciona a los que mediante "abuso de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual."

Es pues jurídicamente correcto y moralmente obligatorio que el gobierno futuro de la Isla declare la nulidad de estos contratos con los efectos consiguientes. Cuba no estaría inventando delitos ni sanciones, procedería con arreglo a derecho.

Lo expuesto, hace que las protestas de los inversionistas extranjeros contra las medidas impuestas por el gobierno y congreso de los Estados Unidos, contra los que trafican con el régimen cubano suenen a propaganda Se reclama airadamente contra una supuesta conculcación de derechos de las empresas y personas afectadas por dichas medidas, amparándose en una interpretación (que como mínimo es discutible) de la ley internacional, mientras se desconocen realidades que no admiten discusión pues están avaladas por convenios y llamadas de atención al país infractor.

Lo mismo se puede decir de aquéllos que claman por liberar el comercio con Cuba, sin detenerse a ponderar un hecho: El trabajador cubano es quien precisa libertad de contratar para así cobrar un salario justo.

Políticamente los argumentos son aún más fuertes. El resentimiento por la injusticia cometida es tal que una futura Cuba no podría gobernarse con paz laboral si no se remediase el abuso. Los inversionistas que piensan escudarse en la doctrina de la continuidad de actos del Estado o en los tratados para proteger la inversión han olvidado una cosa: las doctrinas y los tratados no se hicieron para proteger actos delictivos. El abuso es tal, que no resiste una discusión y argumentación seria ante ningún tribunal independiente.

A los inversionistas sólo les resta una solución: Hacer lo justo. Pagar los haberes atrasados y contratar directamente con sindicatos libres. De lo contrario se hacen cómplices de la explotación de los débiles por una tiranía.