El 17 de septiembre se cumplieron cuatro décadas y media de la mayor expulsión de sacerdotes y religiosos ocurrida en este hemisferio. Con ella, el incipiente totalitarismo castro-comunista pretendía infligir un golpe mortal a la Iglesia cubana, tras la confiscación en mayo de todo el sistema de educación privada.
Se aprovechó la ocasión de la malograda tradicional procesión de La Caridad en La Habana, el día 10 de septiembre. En ella, Arnaldo Socorro, militante de la Juventud Obrera Católica, fue vilmente asesinado por la Seguridad del Estado, en su empeño por impedir que saliera la procesión que -por clamor popular- se efectuó en contra de la voluntad del párroco, Mons. Eduardo Boza Masvidal. Arnaldo, llevado en hombros, cargaba un cuadro de La Caridad. Al asesinato gubernamental se añadió la canallada incalificable del robo del cadáver del joven mártir a su familia para ser enterrado como “mártir de la revolución”, siguiendo el patrón de crear íconos revolucionarios con quienes estorbaban, como fueron los casos de Frank País, Camilo Cienfuegos y posteriormente el del Che Guevara.
En el vapor español “Covadonga” se embarcó forzosamente al Obispo Boza y 130 clérigos. Entre ellos iba el Padre Goberna, director del benemérito observatorio del colegio de Belén, que tanto hiciera por Cuba en tiempos de huracanes, así como un ex profesor de Castro, el eminente intelectual Padre Rubinos, y muchos otros considerados desafectos al régimen, incluyendo al futuro obispo auxiliar de Miami, el P. Agustín Román. Con esta expulsión se redujo el número de sacerdotes a unos 300, similar al de la Cuba de principios de ese siglo y cuyo número se ha mantenido en dicha vecindad desde entonces.
La religión se percibía como un fuerte obstáculo al totalitarismo. Por ello se emprendió contra ella una campaña de descrédito y división para la creación de una Iglesia Nacional. Su estrategia fue “hacer apóstatas, no mártires”, desatando una represión directa no sangrienta y una indirecta, más solapada. Sus puntos cruciales fueron, en 1961, la confiscación educativa ya mencionada; la expulsión forzosa que nos ocupa; la confiscación de todos los medios de comunicación; de las propiedades como muchos seminarios e iglesias. Posteriormente también incluyó el encarcelamiento de un número de pastores evangélicos y del franciscano cubano Miguel Loredo, por 10 años, así como el confinamiento, en 1965, en los brutales campos de trabajo forzado de las UMAP a sacerdotes, seminaristas y laicos connotados. La represión indirecta se centró en la sistemática discriminación de los fieles, a nivel educacional y laboral. Estos pasaron a ser ciudadanos de 2a o 3a clase, pues ser religioso ha constituido una “mancha” en el expediente personal. Ellos han de resignarse al “martirio en vida”, como describiera en el 2004, en México, el obispo cubano Alfredo Petit.
La lucha antirreligiosa se ha realizado también a través de los medios de comunicación. Se ha denigrado lo más posible al sacerdote, se le ha hostigado de múltiples maneras, principalmente con los intentos de chantaje, los rumores, la infiltración en las congregaciones y el saboteo de su labor pastoral. Debe enfatizarse que el control directo e indirecto de la religión está en manos de una entidad no gubernamental, la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, actualmente bajo la chancleta represiva de Caridad Diego Bello. De ésta dependerá, arbitraria y caprichosamente, la entrada y salida de personal religioso, al igual que el de suministros vitales. Ella procura hostigar lo más posible, “con puño de acero, pero con guantes de seda”, obstaculizando la vigencia y propagación de la fe, pero sin mostrar mucho su garra represiva. A la vez, se le ha dado auge a las expresiones religiosas sincréticas, carentes de una código moral, a modo de erosionar la ortodoxia cristiana.
A pesar de ésto, la religión ha ido creando espacios de solidaridad, promoción humana y libertad, como semilla de sociedad civil. Estos han sido una especie de oasis dentro del desierto totalitario, con sus publicaciones diocesanas -particularmente las católicas- y los servicios sociales a los más necesitados, a pesar del criminal saboteo gubernamental, especialmente a Cáritas en su labor de asistencia humanitaria. Clama al cielo la actuación gansteril de Castro contra este esfuerzo de ayuda al pueblo que sufre. A Cáritas -que no ha sido reconocida legalmente- no se le permite importar donaciones del extranjero a menos que sean distribuidas por manos gubernamentales. Encima de ello, se le obliga a comprar a precio de detalle en las “shopping” productos, como leche en polvo, que se distribuyen luego gratuitamente... Sabemos que en su vileza miserable, el régimen ha llegado a vender al pueblo donaciones humanitarias recibidas de Europa.
A los ojos de la comunidad mundial, conviene a Castro que las iglesias estén abiertas y se aparente un clima de normalidad religiosa. Ciertamente hay una relativa libertad de culto, pero a la vez hay una carencia casi total de libertad religiosa. Al cabo de 45 años la represión religiosa sigue siendo puño de acero, con guantes de más seda. O, al decir del campesino, la religión “está suelta, pero con la soga a rastre...”.
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El Dr. Clark es Profesor Emérito de Sociología del Miami-Dade College.