FRANCES
ROBLES
Cada
trabajador cubano recibía dos overoles, un par de botas, un casco y alimentos
según la dificultad de su labor.
El trabajo
de arreglar los barcos de crucero estadounidenses que llegaban a un dique seco
de Curazao estaba valorado en $6.90 la hora. Pero los 108 cubanos que
trabajaban doble turno en una empresa conjunta entre el gobierno cubano y la
empresa Curacao Drydock Company no recibían su dinero, que se dedicaba a
amortizar la deuda oficial del gobierno de la isla con la empresa, muestran
documentos judiciales.
Documentos
revisados por The Miami Herald en una demanda presentada en el 2006 en Miami
por los trabajadores, que sigue su curso, ofrece un vistazo poco común a los
términos laborales secretos entre el gobierno cubano y las firmas con que hace
negocios. Los documentos parecen ser una prueba por escrito de que esas
empresas conjuntas a veces incluyen trabajo no retribuido.
En lugar
de un salario, los hombres recibieron dinero para comprar alimentos y 400
pesos cubanos al mes, unos $18 al cambio actual.
Tres ex
trabajadores lograron escapar de lo que sus abogados calificaron de campo de
trabajo forzado en Willemstad, Curazao, y presentaron la demanda en el
tribunal federal de distrito en Miami, alegando que el gobierno cubano los
ofreció como trabajadores esclavos para pagar sus deudas.
Alberto
Justo Rodríguez, Fernando Alonso Hernández y Luis Alberto Casanova Toledo
--que ahora viven en la zona de la Bahía de Tampa-- demandaron a Curacao
Drydock Company alegando que los obligó a trabajar contra su voluntad mientras
agentes cubanos los vigilaban constantemente.
Su jefe en
el dique seco en Curazao era un sobrino de Fidel Castro.
Curacao
Drydock Company alega en los documentos judiciales que no son ciertas las
alegaciones de que obligara a los empleados a trabajar 112 horas semanales en
condiciones por debajo de lo normal. En una tajante rechazo de cualquier
conducta indebida, la compañía reconoció que no le pagaba a los cubanos
contratados y que los gerentes retenían los pasaportes de los trabajadores
‘‘para guardarlos''.
"Debido a
la deuda significativa que La Habana tiene con la empresa acusada por concepto
de reparación de barcos, el dinero que el acusado de otra forma pagaría al
astillero de La Habana por el suministro de obreros temporales cubanos se
resta de la deuda que tiene con el astillero'', expresó el abogado de la
compañía en un documento del tribunal.
La demanda
se presentó a tenor con una norma jurídica que permite a los extranjeros
presentar demandas civiles en tribunales federales cuando una ley
internacional se viola de manera flagrante. No estaba claro cuánto le debía el
gobierno cubano a la compañía de Curazao por los trabajos de reparación de
barcos cubanos.
El
documento del tribunal que responde a la demanda añadió que los trabajadores
recibían un estipendio y "beneficios adicionales''. Los contratos de empleo
muestran que los trabajadores debían recibir $1,500 mensuales, pero ellos
dicen que sólo recibían $12 diarios para comida, que debían gastar en la
tienda de la compañía.
Los
documentos también muestran que el gerente de producción del dique era Jesús
Bequer Soto Del Valle, sobrino de la esposa de Castro, Dalia Soto Del Valle.
Los expedientes muestran que el trabajo de Bequer terminó en abril del 2007 y
que posteriormente demandó a la compañía.
Sin
detallar la causa de la demanda, los expedientes muestran que la compañía le
pagó $125,000, que fue depositado en su cuenta bancaria. No se identificó
dónde está el banco. La compañía también acordó pagar el seguro médico de su
familia.
Cuando se
le preguntó cómo era Bequer, el demandante Alonso Hernández dijo a través de
su abogado Orlando do Campo: "Manuel Bequer era un déspota, un nazi. No tenía
el más mínimo interés en nuestra salud o bienestar y personalmente me puso en
situaciones peligrosas. Su única preocupación era explotar al máximo a los
obreros cubanos''.
Los
hombres dicen trabajaban de 3 p.m. a 7 a.m. durante 15 días consecutivos bajo
constante presión para arreglar los barcos. Generalmente sólo tenían días
libres cuando los diques estaban vacíos, dijo el abogado John Andres Thornton.
En la
demanda los abogados alegan que el gobierno cubano y Curacao Drydock Company
formó la empresa conjunta para reparar barcos como una forma de eludir el
embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba.
El embargo
impide que los barcos que atraquen en Cuba regresen a un puerto estadounidense
durante los seis meses. Como Cuba no tiene instalaciones para reparar barcos
de crucero, buques cisterna y otros, la segunda mayor compañía de diques secos
del mundo formó una empresa conjunta con mano de obra cubana.
Ahora
Thornton ha dicho que el gobierno cubano se está vengando de las familias de
los demandantes --que siguen en la isla-- negándoles a sus hijos acceso a las
guarderías y a la universidad. Turbas organizadas por el gobierno han
realizado protestas frente a sus viviendas, dijo Thorton.
Curacao
Drydock Company no compareció para las declaraciones programadas en Miami la
semana pasada y ahora sus abogados de Boca Raton quieren salir del caso. En
una audiencia el miércoles ante el juez federal de distrito James L. King, la
abogada Stephanie Traband le pidió al tribunal que permitiera a su bufete
Proskauer Rose, retirarse del caso, citando diferencias irreconciliables.
Traband no
respondió a varias llamadas para que comentara sobre el asunto.