En momentos de crisis, uno debe apelar al sentido común. Esto significa
preservar los ahorros y, en caso de tener deudas por cobrar, procurar
hacerlo cuanto antes. En los últimos 35 años, la Argentina ha tenido más
épocas de quebranto que de bonanza. Sin embargo, la deuda contraída por Cuba
con nuestro país en 1973 ha resultado incobrable hasta ahora. Eran 600
millones de dólares, concedidos por el gobierno peronista de entonces por
medio de un convenio de cooperación económica; son ahora, con los intereses
acumulados, unos 2300 millones de dólares. Ni el gobierno de los Kirchner ni
los anteriores han movido un dedo para exigir el pago.
La concesión de aquel crédito fue anunciada con gran entusiasmo durante una
visita a La Habana del entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard. Era
el afiliado número 525 del Partido Comunista Argentino, mimado del régimen
de Fidel Castro y, curiosamente, del gobierno militar que depuso a la viuda
de Perón.
Con aquel crédito, la Argentina rompió el bloqueo impuesto a Cuba por los
Estados Unidos. Fue destinado a la compra de bienes de origen argentino;
algunos de los Peugeot 404 y de los Ford Falcon adquiridos entonces aún
circulan en la isla.
Por el acoso de los montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
Perón y su sucesora, María Estela Martínez de Perón, tomaron distancia del
régimen cubano. La deuda continuó intacta. El régimen militar, instaurado en
1976, no cambió de actitud, pero contrajo con Castro un compromiso. En 1980,
en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), con sede en Ginebra, el líder de la revolución, y paladín de la
izquierda latinoamericana, bloqueó una resolución de los Estados Unidos que
denunciaba el drama de los desaparecidos en la Argentina.
Es curioso que el gobierno argentino, en apariencia comprometido con la
causa de los derechos humanos, no haya actuado en consecuencia tanto por el
cobro de la abultada deuda como por la visa para que Hilda Molina se reúna
con sus nietos en la Argentina. Son los únicos temas contenciosos con la
isla, a punto de tirar la casa por la ventana por el 50° aniversario de la
revolución, el próximo 1° de enero.
El gobierno argentino pareció contentarse con el permiso extendido a la
madre de Molina, Hilda Morejón, para viajar a la Argentina, y pareció dejar
a su merced a la neurocirujana cubana cuya familia reside en el país. Esto
no invalida la buena relación bilateral ni que, en circunstancias
dramáticas, la Argentina colabore con la isla: tras la reciente catástrofe
provocada por los huracanes Gustav e Ike, un avión de la Fuerza Aérea
Argentina llevó una donación de 14 toneladas de alimentos.
Es importante apreciar, empero, que España también tiene una buena relación
con Cuba e hizo importantes donaciones tras los huracanes, pero, en febrero
último, logró la liberación de siete presos de conciencia. No es el caso de
la doctora Molina, jamás acusada de nada, excepto de haberse apartado del
régimen de los Castro.
El gobierno argentino, a su vez, tuvo otro gesto de buena voluntad con el
régimen de los Castro: la designación de una embajadora política, Juliana
Marino, ex diputada por el Frente para la Victoria, tras el relevo de Darío
Alessandro, actualmente embajador en Perú.
Nada parece ser suficiente para que Raúl Castro, sucesor de su hermano
Fidel, permita que la doctora Molina se reúna con los suyos en Buenos Aires.
Menos aún para tratar la controvertida deuda. El primer acreedor de Cuba es
Japón: le deben unos 1800 millones de dólares de deuda pública y otros 1000
millones de deuda privada. Por falta de pago, la oficina del seguro de Tokio
decidió suspender las exportaciones a La Habana, del orden de los 200
millones de dólares anuales. Esa cifra representa el doble de las ventas a
Cuba del segundo acreedor, la Argentina.
De la deuda impaga, no obstante, ningún funcionario argentino habla. Es
llamativo, sobre todo por el celo de los Kirchner en mantener bajo control
tanto las cuentas públicas como su patrimonio familiar. También es llamativo
que tanto el régimen militar como el gobierno de Raúl Alfonsín hayan
confiado en la capacidad de pago de Cuba: le concedieron nuevas líneas de
crédito a pesar de la deuda impaga.
El régimen cubano amortizó en un comienzo la deuda, pero, tras sucesivas
refinanciaciones, fue transferida en los noventa del Banco Central al Banco
de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En 2003, en ocasión de una visita a
la isla del entonces canciller Rafael Bielsa, el presidente del Banco
Central de Cuba, Francisco Soberón, le propuso una fuerte quita y una
reestructuració n a largo plazo. Hasta el momento, no ha habido respuesta de
la Argentina, como si la deuda no fuera importante.
Es irritante, mientras tanto, que el Gobierno, con actitudes intempestivas,
como la vana insistencia en el aumento de las retenciones a las
exportaciones agropecuarias o el manotazo a los fondos de las AFJP,
demuestre una codicia rayana en la voracidad cuando de los bolsillos
argentinos sale el dinero.
Sería más saludable que revise los pasivos externos, como haría cualquiera
país serio, y que advierta que, más allá de la deuda de Cuba, su cancelación
es importante por la posibilidad de que los bancos argentinos concedan
créditos a las empresas pyme que tengan intención de realizar exportaciones
a la isla. Por este motivo, un gran potencial de ventas, más allá del trigo,
el maíz, los aceites y las harinas, ha quedado en el limbo.
No todo es ideológico ni está atado al bloqueo norteamericano: en 2001, tras
un feroz huracán, el gobierno de George W. Bush autorizó la venta a Cuba de
alimentos y de medicinas. Las únicas condiciones, aún en vigor, fueron el
pago al contado y el traslado en buques norteamericanos. El comandante, aún
en funciones, aceptó con gusto. Esos productos, si se solucionara el
diferendo por la deuda cubana impaga, podrían ser de origen argentino.
Lamentablemente, en el caso de nuestro país, la ideología vuelve a estar por
encima de los intereses de la Nación.