Oswaldo Payá, durante la presentación del Diálogo Nacional. (AP)
Recientemente Encuentro en la Red publicó la propuesta "Programa Todos Cubanos", presentada por el opositor Oswaldo Payá, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).
Después de una pormenorizada lectura de su Introducción, así como de la Propuesta de Constitución de la República de Cuba, cabe compartir algunas consideraciones. Aclárese que no se trata de dudar de la buena voluntad del mencionado proyecto. Sin embargo, como mínimo, puede considerársele iluso y bastante alejado de la realidad cubana.
Por una parte, se menciona un diálogo nacional que supuestamente tuvo lugar en la Isla y en el cual participaron miles de ciudadanos durante dos años. No pretendo tampoco dudar de la palabra de Oswaldo Payá, a quien se reconoce larga trayectoria entre los opositores al régimen de Castro; no obstante, si hubo algún diálogo, no fue nacional sino elitista, y en él faltó el debate necesario con otras alternativas que conviven en los espacios políticos del país.
De manera que la Propuesta de Constitución que dimana de éste es una suerte de camisa de fuerza que elimina cualquier disensión o consenso con otras alternativas. Otro gran ausente es la representación de las autoridades cubanas en ese "diálogo". ¿Acaso alguien supone que en las actuales condiciones se pueda ignorar al gobierno como uno de los sujetos de un posible diálogo? Por lo pronto, estamos en presencia más bien de un monólogo.
Tampoco se puede negar al MCL, que lidera Payá, la presentación de su propuesta. Pero quizás debía haberla mostrado como lo que es: 'su programa', y no el único. Es 'su propuesta' y no 'la propuesta'. Penosamente, son pocos los grupos de oposición dentro de la Isla que cuentan con proposiciones o programas coherentes, realizables y debidamente institucionalizados, y el MCL no es precisamente la excepción.
Tampoco se han perfilado intenciones serias de buscar puntos en común o de analizar las diferencias entre las corrientes alternativas que comparten posiciones similares. La oposición en Cuba no ha conseguido hasta ahora una concertación a partir de un diálogo, toda vez que para tal cosa se precisa de ciudadanos capaces de dialogar y no de competir.
Propuesta irreal
Al decir de Payá, de tal encuentro dimanó la propuesta que se presenta como posible "instrumento de cambios" siempre que los cubanos lo acepten, lo perfeccionen y lo aprueben legalmente en un referendo convocado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Objetivamente, teniendo en cuenta la casi total ausencia de sociedad civil en Cuba, el absoluto monopolio del Estado sobre los medios de difusión y el centralismo y totalitarismo que presentan todas las estructuras creadas por el gobierno, que responden ciegamente a los intereses del poder, es difícil comprender cómo pretende Payá dar a conocer tan ampliamente su propuesta para que la conozcan todos los ciudadanos. De qué manera va a conseguir que la Asamblea Nacional convoque a un referendo para aprobarla. Esto es, definitivamente, irreal.
¿Qué poder de convocatoria tiene la propuesta y qué poder de respuesta ante ella posee el régimen? Ya quedó demostrado con el Proyecto Varela: frente a una propuesta de plebiscito, La Habana realizó el suyo a favor de un "socialismo eterno" que intenta legitimar cualquier acción contra una propuesta constitucional diferente. Sabemos que fue una farsa, pero se prestaron millones de cubanos desposeídos de su conciencia de derechos y temerosos de las consecuencias de una "desobediencia" al llamado del poder totalitario.
Tanto el Proyecto Varela como la Propuesta de Constitución de la República de Cuba son hechos consumados que propugnan el derecho a plebiscito como aspiraciones de una "mayoría", dando así la oportunidad a las autoridades de manejar a su antojo a otra aplastante "mayoría" en un "plebiscito"-respuesta.
Tanto el Proyecto Varela como la nueva Propuesta de Constitución, fueron elaborados desde el Movimiento Cristiano de Liberación. Son sus ideas, sus posiciones, y persiguen, más que cambios, una sustitución de poderes. Que alguna corriente política o algún grupo de ciudadanos asuma hablar "en nombre del pueblo" es —ni más ni menos— una práctica similar a la ejercida por el gobierno a lo largo de todos estos años: sólo se sustituye al orador en el púlpito.
No obstante, en el fantástico caso de ser llevada a vías de hecho, la Propuesta de Constitución representa un atavismo político, toda vez que sustenta el pernicioso vicio de someter el verdadero espíritu democrático a la "voluntad del pueblo" (o a "las mayorías"): una forma inversa de ejercer la tiranía, pero con idénticos resultados de aquella a la que se pretende combatir.
Es, por tanto, errática desde su concepción misma. Si bien en una verdadera democracia la voluntad del Estado no se puede colocar sobre la de la sociedad, tampoco en una sociedad postmoderna la voluntad de la mayoría puede someter al individuo.
La Constitución que no evitó dos golpes de Estado
Por otra parte, ha quedado históricamente demostrado que los cambios democráticos no se proponen desde una Constitución, sino que ésta debe ser resultado del proceso de democratización.
Que Cuba poseyera una de las constituciones más avanzadas de su tiempo desde 1940, no impidió que Batista pasara sobre ella y diera un golpe de Estado en 1952; tampoco imposibilitó que siete años después Castro le diera un golpe a Batista, y de paso a la Constitución, para coronarse a perpetuidad en el gobierno.
En la población de entonces no había suficiente espíritu cívico. Y, ahora, después de socavar y destruir sistemáticamente los cimientos de lo que fuera la República, sólo quedan algunos jirones de civilidad en ciertos reductos de la sociedad, que es preciso reunir y reedificar para poder transitar pacíficamente a la verdadera democracia.
Si ahora mismo el pueblo cubano tuviera la oportunidad de ejercer un real derecho al voto, muchos ciudadanos no sabrían qué hacer con él. Lamentablemente, la desinformación sistemática, los métodos de terror —muchas veces solapados— y la coacción, ejercidos por el poder sobre las personas a lo largo de décadas, han rendido sus frutos. De manera que la recuperación de los valores cívicos requiere de gradualidad y de un sostenido trabajo de rescate de la conciencia de libertad.
Para la mayoría de los cubanos está clara la necesidad de cambios democráticos al interior de la Isla. Para conocer esto y para descubrir los sueños, aspiraciones y padecimientos de la población, no ha sido preciso convocar a diálogo alguno: las frustraciones y la falta de libertades son la realidad cotidiana y palpable de todos. Tampoco el espíritu de reconciliación y la esperanza son el fruto de reunión alguna convocada desde y por ningún grupo de la oposición, sino que nacen de las legítimas aspiraciones de los ciudadanos, con independencia de sus credos políticos o religiosos.
Pero ahora no se trata de referendos, de votaciones o de enmiendas a la Constitución; para llegar a ese punto es preciso transitar antes por el camino de la formación de una cultura cívica, de hacer surgir un ciudadano capaz de ejercer libremente la opinión y practicar sus derechos.
¿La Carta Magna de los católicos?
Tenemos una Constitución que no sólo no se cumple, sino que, incluso, es violada por las mismas autoridades. Tampoco los cubanos, por razones obvias, estamos en la capacidad de exigir siquiera el respeto cabal de los derechos —mutilados o no— que nos reconoce la Constitución que está en vigor. Se precisa de mucho idealismo para suponer que apoyemos ahora un proyecto como el que propone Payá, signado por la inmediatez e imprecisión de sus presupuestos.
¿Quiénes y convocados por quién nos representan en él? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué garantías existen de que esta sí se cumpla y respete? Ni esta, ni mil constituciones más son capaces de cambiar por sí solas la realidad de Cuba.
La Propuesta de Constitución modificada demuestra desde su preámbulo que no representa a todos los cubanos (pretensión que, por otra parte, no debe atribuirse nadie). Una Constitución de estos tiempos, cuya introducción "invoca el favor de Dios", en lugar de un avance, supone un retroceso en nuestra formación civil, toda vez que cercena los derechos de aquellos ciudadanos con otras creencias religiosas y de los que simplemente no tienen ninguna.
Ya no estamos en 1901 ni en 1940. La orientación marcadamente católica de la propuesta de Payá elimina de un plumazo los derechos de los numerosos cubanos que practican credos religiosos de herencia africana, de los cristianos protestantes, los Testigos de Jehová y los ateos, por citar los más conocidos. No estamos en el Medioevo. En estos tiempos en los que las sociedades van ganando espacios de democracia y libertades, resulta impensable sujetar la Carta Magna a la Iglesia.
¿Qué se pretende al introducir a Dios en nuestra Constitución? ¿Acaso se procura sustituir la voluntad del socialismo de Estado por la voluntad divina? Constitución y religión son dos instituciones que deben estar debidamente separadas.
Por otra parte, tampoco resulta muy novedosa la propuesta. Básicamente se alude a derechos generales que están refrendados —al menos de jure— en nuestra actual Constitución, salvo supuestos como el pluralismo político, la libertad económica, la reconciliación y el diálogo; elementos todos que han sido presentados en otras propuestas de la oposición de las que han surgido programas encaminados, en primer lugar, a la promoción de la cultura cívica.
En la Cuba actual, inmersa en una profunda crisis en la cual están germinando los sucesos y los sujetos que actuarán pluralmente en el proceso de cambio, no es realista asumir propuestas unilaterales. Tampoco se puede aceptar un diálogo que trae establecidos y ya "aprobados" los contenidos que complacen o acomodan a un sector de la población y de la oposición —aunque estos sean "miles de cubanos"—, porque tal programa implica una unidad cerrada, esquemática y rígida que ignora otras consideraciones.
Dichas propuestas, al no consultar la amplia variedad de juicios que existen en la sociedad, parecen asumir una incapacidad endémica de los demás cubanos para emitir sus criterios.