Por: Manuel Pérez Torres
Presentado en la duodécima reunión de ASCE. Agosto de 2002.
Este trabajo propone ciertas ideas para la constitución de la Tercera República de Cuba cuyo propósito es mantener un balance entre el desarrollo económico y la justicia social, y al mismo tiempo evitar la concentración de poder dentro del estado. Estas propuestas son estratégicas y a largo plazo y tienen la intención de mantener un equilibrio entre el tamaño del estado de una Cuba futura y las necesidades de la nación.
Reconozco que he escogido un tema relativamente fácil cuando lo comparamos con los inmensos problemas de la transición política, comenzando con el monumental problema de falta de educación cívica que sufre el pueble de Cuba, ya que el más perfecto diseño de gobierno descansa sobre la conciencia de los gobernados, y que la mayor parte de estos han estado encerrados en una oscura cámara de aislamiento informativo por la totalidad de sus vidas, donde además se les alimenta con un estiércol de falsa ideología y desinformación a la manera de hongos de cultivo.
Tampoco analizo el complejísimo problema de la transición a una economía de mercado, la cual ha sido analizada por muchos mucho más capacitados y que desde el punto de vista constitucional se cubrirá en cláusulas transitorias.
En su ultima maniobra de movilización totalitaria, el régimen de Cuba ha declarado su constitución estalinista como “intocable”, lo cual acaba de sellar su destino rumbo a la cloaca de la historia. Este asunto ya había sido analizado por varios expertos sobre el tema constitucional cubano ( Manzano(1), Luzarraga(2) y Cuzan(3)), que concluyen que dicha constitución debe ser completamente reemplazada con una nueva.
Muchos abogan por la restitución de la constitución de 1940, pero aunque se reconoce que esta magna carta fue uno de los mayores logros políticos de la Cuba republicana, la misma contiene una serie de fallos y deficiencias, como por ejemplo la posibilidad de suspender las garantías individuales, junto con una serie de regulaciones economicas y prestaciones sociales que deben ser reexaminadas en la realidad de hoy. Además la reconstrucción de Cuba necesitara una serie de medidas transitorias que den base legal a una restitución y privatización de la propiedad estatal ordenada y sensata y que estarían en conflicto con algunas de las garantías de la constitución de 1940. Por lo tanto concluimos que esta puede servir de fuente de ideas y principios pero necesita ser reemplazada.
Todo esto nos lleva a lo que es a la vez una necesidad y una oportunidad histórica: la de estructurar una república comenzando prácticamente desde cero.
A los que el pueblo de Cuba le otorgue esta tarea siempre deben tener en mente que tal oportunidad es única y que deben aplicar cuanta experiencia nos ha enseñado lo que hasta ahora ha sido una dura y triste historia.
Una constitución no es más que el diseño de una “edificio político”, cuyo material de construcción son los gobernados, y que así como una edificación de concreto lleva un diseño muy distinto a uno de madera o de acero, no podemos olvidar que para bien o para mal, nuestro este estará construido con cubanos, y que un plano que funciona cuando las columnas y vigas son inglesas o mejicanas debe ser adaptado a nuestras virtudes y fallas, firmezas y veleidades.
No se debe emprender esta tarea con ilusiones. Si cuarenta y tres años de totalitarismo han destrozado la estructura económica de la nación, peor es el daño cultural y moral. Además de la desinformación que sufren los cubanos y a la cual ya hemos hecho referencia, hay que tener en cuenta que los valores vigentes en la gran mayoría de los cubanos es la supervivencia a todo costo, y esto como observa Leiva (4) es una base muy pobre sobre la cual establecer la democracia.
En un trabajo anterior(5), he planteado ideas para el diseño de la estructura política para contrarrestar nuestra propensión al apasionamiento y al caudillismo. En este el enfoque es socioeconómico: como proteger la república de nuestras faltas respecto al manejo de los fondos públicos y de mirar al estado como fuente de riqueza, de empleo, y de solución de nuestros problemas.
Antes de comenzar a hacer propuestas constitucionales, debemos sentar algunas bases históricas y filosóficas que enmarcan la mayor parte de las cartas magnas vigentes en el mundo.
Otra manera de mirar una constitución es como un contrato entre el estado y los gobernados que determina el compartimiento del poder. La libertad y el poder son conceptos equivalentes. Tener libertad significa poder actuar sin injerencias innecesarias del estado o de otros ciudadanos. Todas las desventuras que el pueblo cubano ha sufrido dentro del régimen existente emanan de la concentración del poder en manos de una persona y la casi total carencia del mismo que sufre el pueblo cubano. Las alevosas violaciones de los derechos humanos, el estado decrépito de la economía y la infraestructura, y la lamentable degeneración social son todos productos del monopolio y el abuso que Fidel Castro mantiene y ejerce sobre los instrumentos del poder.
En una sociedad libre, el pueblo es la fuente de todo poder y derecho, y el estado es simplemente un mecanismo por medio del cual el pueblo ejerce su voluntad común. Este concepto del estado, basado en la delegación de la soberanía popular tiene una de sus bases filosóficas originales en el “contrato social” propuesto por Jean-Jacques Rousseau(6) con cuyo permiso parafraseamos así:
Estado, yo el ciudadano libre te entrego mi soberano derecho a usar la fuerza para defenderme, a cambio de que tu me defiendas y me garantices el orden basado en la ley. Para que tu puedas garantizar el orden, te entrego el uso exclusivo de la violencia.
Dentro de este marco, el individuo se reserva el poder de alcanzar sus metas económicas, políticas y sociales con un nivel de intromisión y regulación por parte del estado que es el mínimo necesario para mantener las necesidades comunes tales como el orden, la salubridad y la seguridad. En dicha sociedad, el individuo posee una serie de defensas contra el uso arbitrario del poder por parte del estado, que generalmente se codifican en una carta de derechos fundamentales que a su vez, están protegidas por un poder judicial independiente.
Además de declarar y asegurar los derechos ciudadanos, las constituciones democráticas incorporan el diseño del gobierno, sus ramas y funciones, así como también la manera de elegirlo. El criterio principal en este diseño es el de prevenir por todos los medios la concentración, y el abuso del poder. La constitución de Estados Unidos fue la primera que se concentró en el diseño de separación de poderes y un sistema de mutua sujeción entre estos como medida preventiva para dicho abuso. Esta constitución ha servido bien a su nación por más de doscientos años y hasta el día de hoy los ciudadanos de Estados Unidos constantemente expresan gran admiración y gratitud por el genio previsor de sus autores
Según la sociedad progresaba dentro del imperio de la ley, donde la violencia estaba bajo control al menos en tiempos de paz, las contiendas entre los ciudadanos se desarrollaban en el campo económico. La fuerza de las armas dejó de ser el instrumento principal del poder y pasó a serlo el dinero.
Esta contienda económica fue evolucionando a medida que la tecnología fue avanzando y llego a un punto crítico con la revolución industrial, cuya tecnología requería concentraciones de capital, y por lo tanto a la concertación del poder económico y su consiguiente abuso.
Estos abusos produjeron corrientes intelectuales que consideraban que la sociedad había pasado de la ley del más fuerte a la ley del más rico. Una de estas era el marxismo, que proponía un modelo histórico basado en la lucha de clases entre capitalistas y proletarios.
El marxismo proponía la confiscación de los bienes de la clase capitalista a favor de una sociedad donde todos fuesen proletarios. De esta manera los “ricos” al perder su poder económico no pudieran “explotar” a los “pobres”. El contrato comunista proponía lo siguiente:
Ciudadano, yo el estado te pido que me entregues todos los medios de producción para yo manejarlos, y a cambio te ofrezco un mar de felicidad en el cual todos seremos iguales, y todas nuestras necesidades serán satisfechas.
Como bien sabemos, el resultado fue una concentración de poder aun mayor en manos del estado, que ahora, además de la violencia, controlaba todos los medios económicos. Los abusos que resultaron de este sistema han sido bien documentados por Courtois y otros(7).
En el caso de Cuba, hemos visto que una vez que el estado controla todos los aspectos de la economía y los instrumentos de violencia, no necesita utilizar estos últimos para que más del 99% de los votantes, en humillante procesión, acudan como mansas ovejas a ratificar su sujeción al orden existente.
En los naciones con democracias bien establecidas que no cayeron en la trampa marxista, la lucha política también se definía mayormente en términos económicos, entre la izquierda y la derecha.
La izquierda “socialista” o “progresista” buscaba “justicia social” que traducía a “igualdad económica” por medio del gasto público, mientras que la derecha buscaba la libertad económica, con menos injerencia por el estado, y por lo tanto utilizaba el apodo de “liberal” (No confundamos el termino “liberal” como se utiliza en Estados Unidos y que se le aplica a la izquierda.)
La izquierda socialista formulaba su programa en el siguiente contrato:
Ciudadano, quédate con los medios de producción, pero si me das el poder político, voy a instalar un sistema de impuestos y prestaciones sociales, para que todos seamos iguales y vivamos en un nuevo mar de felicidad.
El problema de este negocio es que aunque el pueblo generalmente conservaba el poder político (lo cual les permitía desmantelar el orden socialista por medio de las urnas), los incentivos económicos desaparecían y con ellos el progreso económico. Todos terminaban más iguales, pero más pobres, y con poca esperanza de superarse pues la guadaña fiscal estaba siempre dispuesta a frustrar sus intentos.
El “progresismo de izquierda” aunque ha sufrido grandes reveses a fines del siglo XX, sigue vivito y coleando, impulsado tanto por la envidia y el odio de clases, como por el genuino deseo de justicia social y de ayuda a los desposeídos y desamparados.
En la economía moderna de los países desarrollados la mayor parte del antiguo “proletariado” no tiene alguna dificultad de mantener niveles de vida decentes, y hasta confortables. La mayor problemática es la que concierne el cuidado de salud, que por razones tecnológicas tiende a ser muy caro en comparación con el ingreso promedio, y cuya demanda tiende a crecer con la edad, cuando el individuo esta generalmente en la peor situación de ingresos. Esto, junto a los efectos demográficos del desarrollo, da lugar a que el punto de contienda de este contrato social haya pasado a ser entre generaciones en lugar de entre clases.
Esta situación existe también en los Estados Unidos, cuyo presupuesto, aunque no se denomina como socialista, no es más que una gigantesca máquina de redistribución de riquezas donde el gasto social representa más de las dos terceras partes. (Ver apéndice A). En los países de Europa, el gasto social es aun mayor a pesar de que en los años noventa hubo importantes cambios para reducirlo y liberar la economía de su lastre.
El problema del gasto gubernamental tiene dos aspectos nocivos. La redistribución de ingresos de por sí es la menos dañina, aunque tiende a reducir incentivos, en particular a los beneficiarios que puedan trabajar y sostenerse por sí solos. El “welfare reform” que tuvo lugar en los Estados Unidos en los años 90 estaba dirigida a establecer un sistema de mayor responsabilidad por parte de los beneficiarios para así reducir los efectos perjudiciales a largo plazo. Cualquier constitución que garantice niveles mínimos de vivienda y sustento debe además especificar que el individuo es responsable de su propio sustento mientras tenga los medios físicos y mentales para hacerlo.
El otro aspecto nocivo es la burocracia que resulta del gasto público, su ineficiencia, su falta de responsabilidad al consumidor de sus servicios, y su tendencia a perpetuarse y a crecer. Además, el gasto público no distributivo, o sea, aquel que se gasta en actividades ejecutadas por el estado, tales como la educación pública en la Cuba repúblicana, tiende a convertirse en una fuente de favor político y en oportunidad de robo, ambos de los cuales fueron plaga de la república y formaron parte de la “justificación” de la llamada revolución cubana, aunque ahora desgraciada e irónicamente este régimen tiene como uno de sus logros que el robo al estado sea un modo de vida generalizado por toda la sociedad cubana.
El gasto público a su vez crea intereses en la población votante y en los políticos que manejan las riendas del fisco y que generalmente no titubean en servir con cucharón grande asistencias sociales si esto les obtiene más votos. Una vez que este proceso entra en marcha, hablando criollamente, mientras más estén chupando, más quieren chupar y el gasto público va en una sola dirección – p’arriba.
La razón fundamental de este problema es que las constituciones existentes, mientras que frenan el uso y abuso del poder violento por parte del estado, le dan rienda suelta en lo económico. Al no haber límites bien definidos, el estado tiende a lenta e imperceptiblemente introducirle la mano en el bolsillo al contribuyente, y a crecer hasta llegar a situaciones críticas que dan paso a la inestabilidad política y social.
En el caso de Cuba, la contienda entre el socialismo y el liberalismo, como en otros países, será el centro del debate político. El socialismo sigue teniendo adeptos dentro de Cuba, quizás no tanto en la cúpula gobernante que es oportunista y lo que le interesa es el privilegio con socialismo o sin él, sino más bien dentro de la disidencia, que es más “idealista” y que por mucho que se oponga al régimen fue formado por este. En mi experiencia personal me he sorprendido unas cuantas veces, hablando con cubanos que han sufrido los rigores del régimen y son opositores de convicción, oírlos plantear teorías económicas marxistas como si estas fueran axiomas. Hay que reconocer que para muchos es muy difícil el salto ideológico cuando toda su armazón intelectual fue formada por el sistema. Esto constituye un gran peligro para el desarrollo económico de la nueva república.
Por otra parte, muchos exiliados justificadamente sienten una aversión visceral a todo lo que huela a socialismo, y hay más de uno que abogan por excluir de cualquier futura carta magna las garantías sociales de la declaración universal de los derechos humanos(8) (artículos 22, 23, 24, 25, 26.). Sin embargo, esta oposición filosófica en un final tiende a sucumbir ante el sentido de la caridad. Nadie quiere ver a niños o ancianos desamparados, o muriéndose de hambre o falta de cuidado medico.
Esta propuesta reconoce que las garantías sociales se han convertido en axiomas de la sociedad moderna y por lo tanto las incluye, siguiendo los esquemas establecidos sobre esta materia en la constitución de 1940 y en la declaración universal de los derechos humanos, pero añadimos también que el individuo tiene la responsabilidad primaria de su sustento y el de su familia. Esto nos lleva al siguiente contrato:
A cambio de una porción de mis ingresos, en el caso de que yo, por motivos fuera de mi control, no pueda obtener ingresos adecuados, el estado me garantiza un nivel decente de vivienda, sustento, educación para mi prole, y cuidado de mi salud.
Este contrato no busca la igualdad sino sanar las situaciones de desamparo económico.
La prescripción constitucional de este asunto no termina aquí. Así como en el contrato social de Rousseau se vio la necesidad de restringir los poderes de coerción por parte del estado, así también es necesario restringir al estado de manera que no pueda extender su dominio económico. A continuación los frenos que proponemos.
El gasto gubernamental no excederá G% del PIB.
El objetivo del este límite es impedir que el crecimiento del estado, que como vemos en Estados Unidos, responda a presiones políticas de minorías activistas. Una vez que el estado se vea obligado a operar dentro de este límite, tendrá que a reestructurar o recortar programas de poco beneficio general como son los tristemente célebres “pork barrel programs” que constantemente vemos salir del congreso de Estados Unidos. Asimismo, el estado tendrá el incentivo de fomentar la economía para así poder incrementar su presupuesto. El límite de gastos puede también incentivar al estado a privatizar funciones tales como el seguro social.
Cambiar este y otros límites necesitaría una enmienda constitucional ratificada por referéndum, lo cual neutralizaría la influencia de las minorías activistas.
El número de
personas empleadas por el gobierno no excederá el P% del último censo.
Este límite tiene el propósito de limitar la nómina gubernamental y así eliminar al estado como fuente de empleo y de corrupción. Sólo recordemos las “botellas” y el “jamón” de la Cuba republicana.
A ningún ciudadano u otra persona jurídica pagará a una tasa de impuestos en exceso del I% de sus ingresos.
La intención de este límite es evitar los impuestos confiscatorios que reducirían los incentivos económicos y pondrían en peligro el desarrollo.
La deuda del estado no superara el D% del PIB.
Este límite sirve como un freno adicional en caso de que el gobierno no este dispuesto a imponer suficientes impuestos para controlar el déficit estatal.
Todos estos parámetros deben ser basados sobre estudios económicos de profundidad sobre la experiencia de otros países y sujetos al debate abierto dentro de la convención constituyente que sea elegida.
Esta propuesta final es la que tiene implicaciones más profundas.
El gobierno no ejercerá funciones que puedan ser ejercidas por el sector privado o la sociedad civil. El gobierno se limita a planificar, regular y controlar los resultados de dichas funciones, a no ser que el sector privado y la sociedad civil no puedan ejercer dichas funciones adecuadamente.
El apéndice B contiene una tabla que propone la división de funciones que resultaría de este principio entre el estado, la sociedad civil y el sector privado.
Si nos referimos a la educación básica como ejemplo, vemos que el estado la subvenciona y controla su calidad, supuestamente por medio de exámenes uniformes, pero no tiene algún rol en construir escuelas o emplear maestros. Si por alguna razón el sector civil o privado no puede satisfacer la demanda educativa, el estado entonces tendría que emprender la construcción y manejo de escuelas, pero a largo plazo se vería obligado a privatizarlas o delegar su funcionamiento a la sociedad civil.
Hacemos una analogía deportiva. La idea central es que tanto en el ámbito económico como en el social, el estado se limite a ser árbitro y no jugador. El problema fundamental de la participación del estado en el suministro de productos y servicios es su prerrogativa exclusiva de legislar, o sea, de establecer las reglas del juego económico y social. Si el estado toma parte en el juego, su poder y sus recursos son tales que a nadie le interesaría participar y así el juego se convierte en monopolio, con sus consiguientes abusos e ineficiencias.
A diferencia del deporte, los juegos socioeconómicos tienen dos resultados. Uno es el “score” de los jugadores, y el otro es el beneficio para la sociedad en general que resulta del desempeño de la actividad. No puede haber negocio exitoso sin que este sirva una necesidad del consumidor la sociedad. El rol central del estado es de velar por el funcionamiento y bienestar de la economía y la sociedad y por esto debe definir las reglas del juego de tal forma que maximice el beneficio común, mientras que al mismo tiempo incentive la participación de los jugadores y la competición. Si el estado se incorpora al juego, se crea un conflicto entre su interés por sacar provecho como jugador, y su obligación de velar por el bien común. Generalmente este último es el que sufre.
Este concepto se aplica tanto a las actividades económicas como las sociales. El incentivo de la actividad social es la caridad, nuestro sentido innato de ayudar al prójimo. La injerencia del estado, como mismo destruye los incentivos económicos, también destruye el impulso caritativo – si el estado se ocupa de los necesitados, ¿para que debo ocuparme yo? En esta propuesta, el estado es garante de la seguridad social y no suministrador de servicios. El estado entra en juego como redistribuidor de riqueza sólo cuando la economía y la sociedad civil fracasan en su misión de proporcionarle a cada ciudadano un nivel de vida decente. He ahí la privatización del socialismo.
La transición en Cuba presenta una oportunidad de aplicar la experiencia nuestra y de otras naciones a un nuevo diseño constitucional.
Las constituciones existentes se concentran en limitar al estado en el uso de la fuerza, pero no prestan mucha atención a limitar su injerencia económica que en tiempos de paz es más importante aspecto del poder.
Por una parte, el pueblo de Cuba esta hastiado del sistema actual, pero por otra ha sido profundamente condicionado a esperar que el estado le resuelva todo.
Si la constitución de la nueva república no ata bien al estado en el ámbito económico, existe el peligro de que las presiones políticas, basadas en las expectativas que se han sembrado en la gran mayoría cubana nos llevaran a un estado niñera, con más libertad política que el de ahora, pero con una comparable falta de desarrollo económico y de oportunidades.
De ahí proponemos una serie de límites constitucionales a la injerencia del estado en la gestión económica y social de la Tercera República, de manera que mientras el estado es garante de último recurso de las necesidades sociales, el suministro de estas cae en manos del sector privado y la sociedad civil.
Bibliografía
(1) René Gómez Manzano, Constitucion y Cambio Democratico en Cuba, ASCE 1997
(2) Alfred G.
Cuzán, A Constitutional Framework for a Free Cuba,
ASCE 2000
(3) Alberto Luzarraga, Privatizacion en Cuba, ASCE 1997
(4) Aldo M. Leiva, Cuban Culture and Democracy: Theory and Research
Agenda. , ASCE 2001
(5) Manuel Perez Torres, Cuba: En Busca de la Madurez Política, www.FuturodeCuba.org , 2001
(6)
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, 1762,
www.constitution.org/jjr/socon.htm
(7) Stephane Courtois et al., The
Black Book of Communism, Harvard
University Press, September 1999
(8) Declaración Universal de Derechos Humanos, http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
Fuente: OMB website.
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Budget of the United States |
Actual 2001 |
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|
Category |
Millions of Dollars |
Percent |
|
Administration of justice |
30,443 |
|
|
General government |
15,153 |
|
|
International affairs |
16,601 |
|
|
Natural resources and environment |
26,335 |
|
|
Total Basic |
88,532 |
5% |
|
National defense |
308,533 |
|
|
Veterans benefits and services |
45,828 |
|
|
Total Defense |
354,361 |
21% |
|
Agriculture |
26,553 |
|
|
Commerce and housing credit |
6,030 |
|
|
General science, space, and technology |
19,896 |
|
|
Transportation |
55,220 |
|
|
Total Miscellaneous |
107,699 |
6% |
|
Community and regional development |
11,977 |
|
|
Education, training, employment, and social services |
57,302 |
|
|
Health |
172,634 |
|
|
Income security |
269,770 |
|
|
Medicare |
217,464 |
|
|
Social security |
433,129 |
|
|
Total Social |
1,162,276 |
68% |
|
|
|
|
|
Grand Total |
1,712,868 |
100% |
|
Excludes interest, adjustments, and emergency fund. |
|
|
|
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Estado |
Sociedad Civil |
Sector Privado |
Gobierno |
|
|
|
|
Poder Judicial |
Ex |
|
|
|
Poder Legislativo |
Ex |
|
|
|
Ejecutivo |
Ex |
|
|
|
Relaciones Exteriores |
Ex |
|
|
|
Recolección de fondos |
Ex |
|
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|
Defensa |
Ex |
|
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|
Cumplimento de la Ley y Orden Publico
|
|
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|
|
Cortes |
Ex |
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|
|
Fiscalía |
Ex |
|
|
|
Policía |
Ex |
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Defensa Civil |
Ex |
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Infraestructura |
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|
Energía |
P, F, R |
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I, M |
|
Comunicaciones |
P, F, R |
|
I, M |
|
Transporte |
P, F, R |
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I, M |
|
Agua |
P, F, R |
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I, M |
Economía |
|
|
|
|
Agricultura |
P, F, R |
|
I, M |
|
Industria |
P, F, R |
|
I, M |
|
Turismo |
P, F, R |
|
I, M |
Medio Ambiente |
|
|
|
|
Protección |
Ex |
|
|
|
Parques Nacionales |
S, C |
M |
|
Social |
|
|
|
|
Vivienda |
P, S, R |
|
I, M |
|
Educación Básica |
S, C |
I, M |
I, M |
|
Empleo |
A, En |
|
En |
|
Salud |
S, C |
I, M |
I, M |
|
Salubridad |
Ex |
|
|
|
Tercera Edad |
S, C |
I, M |
I, M |
|
Educación Superior |
S, F |
I, M |
I, M |
|
Ciencia y Tecnología |
S, F |
I, M |
I, M |
|
Arte y Cultura |
S, F |
P |
I, M |
A – Aseguración
C – Control de Calidad
En – Entrenamiento
Ex – Actividad Exclusiva
F – Fomento
I – Inversión
M – Manejo
P – Planificación
R – Regulación
S – Subvención