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Opinión
La nueva constitución europea
Por Patrick Basham
y Marian L. Tupy
Inspirada en la convención
constitucional de Filadelfia de 1787, los líderes europeos se han estado
reuniendo en Bruselas para redactar una Constitución que sirva de base para
la creación de una Europa federal. Con exagerada retórica, el ex presidente
de Francia, Valery Giscard d’Estaing (1974-1981), quien preside la Convención
sobre el Futuro de Europa, recientemente reveló el primer borrador de la
Constitución de la Unión Europea. Lamentablemente se parece muy poco al
documento redactado en Filadelfia, hace 216 años.
La Constitución de Estados Unidos, influenciada por el
Siglo de las Luces, surgió del deseo de ser libres de despotismos tanto
extranjeros como nacionales. Por el contrario, la Constitución Europea está
escrita en un lenguaje legal impenetrable y constituye una proclama
políticamente correcta de insensateces burocráticas, empapada del
ideológicamente confuso izquierdismo europeo de la posguerra.
Al contrario del claro y preciso lenguaje de la
Constitución de Estados Unidos, la cual cuidadosamente enumera (y por lo
tanto limita) los poderes del gobierno, la división de poderes
gubernamentales y los derechos del ciudadano, la Constitución Europea está
llena de concesiones especiales, lo cual es una burla al concepto de “poderes
limitados”.
Los derechos constitucionales de EE.UU. son “negativos”,
en el sentido que protegen a los norteamericanos de violaciones a su vida, su
libertad y su propiedad. La Constitución Europea, por el contrario, está
llena de derechos “positivos” que se pueden garantizar sólo limitando la
libertad de otros europeos. Como dice Hans Werner Sinn, director del
Instituto de Investigaciones Económicas de Munich: “El documento ignora la
economía de libre mercado. No hay una sola palabra sobre la protección de la
propiedad y ningún compromiso con la libre empresa ni la división del
trabajo”.
Desde luego que esos conceptos abstractos son notoriamente
difíciles de definir. Por ejemplo, docenas de filósofos han venido debatiendo
el significado de “justicia social” desde que John Rawls popularizó la frase
en 1974. En manos diferentes, justicia social puede significar casi cualquier
cosa, desde total redistribución de la riqueza hasta ausencia total de
impuestos.
La utilización de tales conceptos es una receta segura
para futuros conflictos políticos. Ya se han propuesto 1.500 enmiendas para
aclarar el lenguaje del borrador. Pero esa falta de claridad puede ser el
objetivo de los redactores. Una confusión constante incrementará
inexorablemente el poder de la burocracia europea.
El confuso lenguaje sobre la división de poderes ilustra
un deseo de centralización a hurtadillas. La UE tiene autoridad exclusiva en
ciertas áreas, como política monetaria y comercial. Pero también se comparte
la autoridad entre la UE y los estados miembros en sectores como la
agricultura, la política social y en la “cohesión económica y social”. En la
Europa de Giscard, las políticas económicas nacionales serán “coordinadas”
(eso quiere decir armonizadas y centralizadas), mientras que la división de poderes
en las áreas de empleo, educación y cultura estarán sujetas a “acciones de
apoyo”.
Como la gente no quiere una mayor centralización del poder
en Bruselas, el avance hacia el súper estado se llevará a cabo por la puerta
de atrás. Cada vez que surjan disputas sobre la interpretación de algún
artículo, Bruselas decidirá. Podemos, entonces, asumir que los eurócratas no
elegidos por nadie siempre decidirán a favor de una mayor centralización de
la autoridad, de su autoridad.
Según la Constitución, los estados miembros están sujetos
al principio de “leal cooperación”, lo cual quiere decir que tendrán que
aceptar imposiciones o serán acusados de deslealtad. Ya el presidente francés
Jacques Chirac amenazó a Bulgaria y Rumania de negarles el ingreso a la UE
por apoyar a Estados Unidos. Parece, entonces, que cualquier desacuerdo podrá
ser sinónimo de deslealtad.
Es lamentable que Giscard y sus compañeros ignoren la
fuerza de una constitución como la redactada en Filadelfia, donde los
principios fundamentales están por encima de las conveniencias políticas del
momento. La Constitución Europea predica federalismo, pero practica una
socialdemocracia centralizada.
Patrick Basham y Marian L. Tupy pertenecen al Cato
Intitute. Basham es académico y Tupy es subdirector del Proyecto de Libertad
Económica Global.
© AIPE
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